Educación para la ciudadanía: el gran debate pendiente

por Carlos Starmanns

Política española, 01/03/2008

A pesar de la polémica que han generado sus contenidos, o quizá precisamente gracias a los contenidos de la polémica, Educación para la Ciudadanía ha llegado a las aulas sin haber recibido el debate público que merece por los contenidos que le faltan. En este sentido resulta particularmente alarmante que la asignatura aborde perspectivas socioeconómicas sobre la justicia social de una manera tan leve en comparación con el peso relativo que adquieren perspectivas relacionadas, por ejemplo, con cuestiones de género o diversidad cultural, que son importantes pero de implicaciones claramente menos estructurales –incluso para las injusticias que afectan a las mujeres o a los inmigrantes. Además, el tratamiento de perspectivas socioeconómicas termina básicamente restringido al drama obsceno pero bastante consabido que existe a nivel mundial, como si en España no persistieran ni crecieran también desigualdades de carácter fundamentalmente socioeconómico que los futuros ciudadanos probablemente tengan el derecho (y la obligación) de saber advertir y problematizar. Se trata de algo decepcionante pero ideológicamente sintomático: al fin y al cabo, los silencios autocomplacientes de la asignatura, que constituyen su gran asignatura pendiente, hablan de la gran asignatura pendiente de justicia social que la sociedad española en particular, y las democracias liberales en general, siguen teniendo consigo mismas; del cambio moral e institucional que se deben a sí mismas para estar a la altura de los valores en los que supuestamente se fundamentan.

Y es que lamentablemente no somos suficientemente coherentes con los valores que proclamamos. Con frecuencia decimos que somos libres e iguales. ¿Pero nos tomamos debidamente en serio lo que decimos? Es cierto que los valores de libertad e igualdad son ampliamente aceptados: no sólo informan los sistemas jurídicos y la cultura pública de las democracias liberales, estructurando así la identidad moral que compartimos como ciudadanos, sino que además entroncan, como valores comunes, con la diversidad de concepciones éticas o religiosas que definen esa parte privada de nuestra identidad moral que no compartimos necesariamente con el resto de nuestros conciudadanos. Pero también es cierto que han pasado siglos desde los albores de la Ilustración, por no hablar de los que han pasado desde el comienzo del Cristianismo y otras grandes religiones que consagran estos valores en su concepción del ser humano, sin que hayamos alcanzado un consenso suficientemente definido y operativo en torno a cómo deberían ser interpretadas e institucionalizadas las exigencias de los mismos en un ámbito tan decisivo para traducirlos a la práctica como el de la justicia social.

A pesar de esta sospechosa falta de consenso, podríamos afirmar que al concebirnos como libres e iguales estamos por lo menos de acuerdo en algo: todas las personas tenemos derecho a perseguir nuestros fines en la vida sin ver nuestro destino sellado por desigualdades arbitrarias que pudieron ser santificadas en sociedades menos civilizadas, pero que ya no resultan moralmente aceptables en nuestro tiempo. Si todos, al menos intuitivamente, estamos de acuerdo en esto, resulta escandaloso que incluso en las democracias liberales más avanzadas persistan desigualdades socioeconómicas que convierten esta promesa de libertad en un espejismo ideológico para una importante (y en muchos casos creciente) proporción de la ciudadanía.

En la distribución de cargas y beneficios que caracteriza a nuestro orden social, quienes provienen de estratos bajos o emigraron de otras latitudes tienen desde la cuna recursos y oportunidades infinitamente menores y suelen trabajar más de lo que les corresponde en ocupaciones que nadie quiere. Solemos decir que vivimos en sociedades libres, pero en el caso hipotético de que estas personas tuvieran la posibilidad de hacerse oír como iguales en el debate público, probablemente dirían que las reglas de juego están sesgadas en su contra y no las consentirían libremente. Si tratáramos de convencerlas sobre la justicia de estas reglas, de poco nos serviría apelar a los valores compartidos de libertad e igualdad que estructuran nuestra identidad cívica y buena parte de las creencias religiosas y éticas que informan el resto de nuestra identidad moral. Nos dirían que sólo defendemos estos valores de boca para afuera. Nos pedirían coherencia.

Y tendrían razón: a menos que un exceso de imaginación ideológica nos lleve a sostener que las desigualdades socioeconómicas son generalmente atribuibles al mérito individual (como si la enorme ventaja de haber nacido en una familia acomodada, que nos brindó herencia, contactos y buenas oportunidades educativas, fuera algo que merecemos), o que esta lotería social es una contingencia inevitable (y no el resultado de una estratificación que obedece a reglas institucionales por las que somos responsables como ciudadanos), nos veríamos obligados a reconocer que vivimos en sociedades donde los recursos y oportunidades necesarios como para que la libertad de dirigir nuestra vida sea una realidad efectiva y no un mero espejismo se encuentran repartidos de una manera arbitraria, quedando básicamente a disposición de sectores medios y altos de la ciudadanía que tienden a vivir aprovechadamente despreocupados de que éstos se repartan hacia abajo y lleguen equitativamente, de una manera que podamos considerar justa en función de los valores de libertad e igualdad que predicamos, a todos los que contribuyen al sostenimiento de la cooperación social.

La distancia que existe entre la moralidad y la realidad de nuestras sociedades podría acortarse en buena medida si tratáramos de articular un consenso suficientemente definido y operativo en torno a las condiciones de igualdad (recursos y oportunidades en materia de educación, salud, vivienda, trabajo, ingresos, capacidad de participación política, etc.) que son necesarias para que el ejercicio de la libertad no sea un privilegio de sectores más o menos amplios, sino un derecho equitativamente distribuido y, de esta manera, suficientemente efectivo para cada ciudadano. Abrir un debate público en búsqueda de este consenso sería fructífero incluso aunque un acuerdo efectivo no parezca alcanzable en el corto plazo, ya que obligándonos a pensar sobre las exigencias concretas de nuestros valores nos resultaría más complicado seguir viviendo alegremente bajo arreglos institucionales que no están a la altura de los mismos. Paralelamente, con el propósito de promover en la ciudadanía prácticas deliberativas más racionales que puedan eventualmente acercarnos hacia este consenso, es imprescindible que avancemos en políticas de concienciación para ciudadanos adultos y en políticas educativas para futuros ciudadanos destinadas a que éstos desarrollen las capacidades de motivación y reflexión que necesitan para indagar en los valores que ya comparten.

No se trata, obviamente, de una tarea fácil. Existe un margen de disenso razonable en torno a los fines que estos valores exigen, y especialmente en torno a los medios adecuados para promoverlos. Pero este margen sería mucho menos amplio de lo que parece si las partes pudieran deliberar con buena voluntad y honestidad intelectual, sin dejarse extorsionar por los fuertes intereses económicos que entrarían en juego y que encontrarían, además, formas de discurso que sin duda tienen resonancia en el espíritu de nuestro tiempo. Después de todo, vivimos bajo los incentivos culturales y estructurales de un sistema económico que moldea nuestras formas de pensamiento y acción con orientaciones excesivamente instrumentales y mezquinas que obstruyen nuestra capacidad para honrar coherentemente la dignidad del otro y activar así el igualitarismo que se encuentra implícito en el núcleo de nuestras creencias cívicas, éticas y religiosas. Mientras no realicemos el esfuerzo reflexivo necesario como para contener y revisar estas orientaciones, preguntándonos sin rodeos qué nos exigen los valores a través de los cuales definimos nuestra identidad moral, ésta seguirá siendo una máscara que esconde cuán lejos estamos de nosotros mismos y de aquellos con quienes vivimos en sociedad.

En la medida en que necesitamos cultivar una imagen autocomplaciente de nosotros mismos, nos cuesta advertir esta incongruencia entre la fachada de nuestra identidad moral, con la que nos presentamos como buenos ciudadanos (además de buenos cristianos, o buenos kantianos, etc.), y el fondo último de nuestra personalidad moral, donde nos demostramos más capitalistas que cualquier otra cosa (en diferentes grados de salvajismo hobbesiano, obviamente, según lo poco o mucho que nos impregnen las exigencias morales de la fachada). Para no tener que enfrentar esta incongruencia, en muchos casos interpretamos las demandas de nuestra identidad moral con ejercicios imaginativos de oportunismo ideológico que nos ahorran la obligación de percibir las injusticias sociales que sufren nuestros conciudadanos y la manera en que nuestras decisiones públicas y privadas no contribuyen a corregirlas. En otros casos estamos cerca de superar nuestra incongruencia al percibir e incluso criticar estas injusticias, pero pocas veces nos ocupamos de traducir aquello que decimos en formas de acción individual y colectiva.

Estas actitudes ideológicas o inconsecuentes ante las obligaciones que deberíamos poder extraer de los valores a través de los cuales nos definimos tienen una raíz común: en las democracias liberales contemporáneas compartimos una identidad cívica casi cosmética en la que los valores de libertad e igualdad terminan componiendo un maquillaje impreciso y desarticulado de exigencias morales indeterminadas, ampliamente interpretables y, por lo tanto, casi siempre eludibles, cuyos lugares comunes pueden ser aceptados y compartidos a la ligera, de una manera más estética que ética, sin generar mayor compromiso que el de quedar bien en charlas de café, y donde los mejor intencionados no encuentran más que una noción indefinida de sus obligaciones sobre la que difícilmente pueden construir una personalidad moral coherente que los ayude a vivir como piensan.

Por ello resulta imprescindible que en el seno de nuestras sociedades avancemos hacia un consenso interpretativo más definido y profundo en torno a los valores que compartimos. La viabilidad de este objetivo, sin embargo, depende crucialmente de que existan políticas de concienciación y educación que promuevan en la ciudadanía (y en sus representantes) prácticas deliberativas más racionales y mayores niveles de motivación moral. A pesar de las condiciones estructurales y culturales que deben enfrentar, las instituciones democrático-liberales seguramente estarían más cerca de cumplir con su deber histórico de promover un orden social más igualitario (y, como consecuencia, coherentemente democrático-liberal) si contaran con ciudadanos moralmente reflexivos e íntegros, capaces de pensar críticamente sobre los valores que defienden y de comprometerse con lo que piensan.

Tristemente, la tarea de avanzar hacia el consenso inicial que sería necesario para impulsar estas intervenciones educativas se ve obstruida por dicotomías excesivamente rígidas y en último término ideológicas (pero tristemente extendidas en la cultura pública y la tradición de interpretación constitucional de muchas democracias liberales) sobre la medida en que el debido respeto a la libertad del individuo podría entrar en tensión con una concepción menos nebulosa de nuestras obligaciones ciudadanas. Desde la derecha, y gracias a la ominosa persistencia de estas dicotomías, quienes viven interesados en confundir su libertad con una licencia para aprovecharse de condiciones socioeconómicas injustas que restringen indebidamente la libertad de otros terminan gozando de un poder de veto desde el cual rechazan (¡en nombre de la libertad!) el deber de desarrollo moral que se encuentra implícito en la identidad cívica de ciudadanos libres (y por lo tanto reflexivos) que supuestamente comparten, y que en todo caso es un deber que tienen hacia la libertad de sus conciudadanos (incluyendo a sus propios hijos, que deberían ver protegido su derecho de aprender a pensar libremente y convertirse, por lo tanto, en ciudadanos más reflexivos y críticos que los padres que les tocaron en suerte). Desde la izquierda, el consenso necesario también se ve dificultado por quienes no aciertan a moderar las aristas sectarias de sus postulados, perdiendo así la oportunidad de presentarlos como exigencias que deberían poder aceptar todos aquellos ciudadanos que se muestren honestamente comprometidos con los valores de libertad e igualdad, y especialmente por el frívolo desinterés que existe hacia las vertientes socioeconómicas de la injusticia social en el circo de reivindicaciones que entretienen a la izquierda posmoderna, obsesionada por librar batallas de segundo orden que enervan a los sectores conservadores tanto o más que los debates sobre cuestiones fundamentales.

En este contexto, y a pesar de que sea más imperativo que nunca despertar ciudadanos capaces de preguntarse por las políticas económicas, educativas y sociales necesarias para contener las crecientes presiones desigualitarias generadas por los procesos socioeconómicos del mundo actual, resultaba hasta cierto punto previsible que los impulsores de Educación para la Ciudadanía restringieran su tratamiento de las perspectivas socioeconómicas sobre la justicia social básicamente a las desigualdades que existen con los países subdesarrollados, como si quedara poco y nada para arreglar por casa, consiguiendo así que el debate público sobre la asignatura terminara girando en torno a perspectivas relacionadas con cuestiones de género y diversidad cultural. No obstante, si los impulsores de la asignatura quieren demostrar fehacientemente a sus críticos que no se trata de propaganda ideológica destinada al lavado de cerebros, sino precisamente de una herramienta para crear ciudadanos informados y pensantes a los que no se les lave fácilmente el cerebro, además de defender estas perspectivas deberían abrir otro frente de debate en torno a las injusticias de orden socioeconómico que existen en España, de tal forma que el tratamiento de las mismas adquiera en algún momento la amplitud y centralidad que merece dentro de la asignatura.

Tenemos la obligación de procurar que los ciudadanos del futuro aprendan a ser más reflexivos, críticos y comprometidos que sus padres frente a las injusticias de orden socioeconómico, porque de lo contrario impediremos que sepan abordar las cuestiones que más inciden en su realidad y en la de aquellos con quienes tienen la obligación de vivir en justicia. Si no lo hacemos, en un orden socioeconómico que se torna cada vez menos igualitario (y no sólo a nivel mundial), conseguiremos que sean muy pocos los que estén en condiciones de pensar y oponerse. La promesa histórica de libertad e igualdad que dota de justificación moral a nuestro orden social se convertirá así en un horizonte cada vez más ideológico y fraudulento. Contribuir a que esto no ocurra es la gran asignatura pendiente de todos los que compartimos estos valores. Y también de la famosa asignatura.

El autor es especialista en teoría política y educación cívica.

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