El poder del Congreso en el presidencialismo

por Carlos Starmanns

Crítica, 08/03/2010

Foto de Pedro Guridi

El decisionismo de los Kirchner reactiva por momentos un viejo debate en torno a la conveniencia de reformar el presidencialismo argentino. Como el titular del ejecutivo en un sistema parlamentario es investido (y puede ser revocado) por el legislativo, se supone que un cambio en este sentido produciría gobiernos más controlados y proclives a la búsqueda de consensos, fomentaría prácticas deliberativas beneficiosas para la calidad y la legitimidad de las decisiones públicas, y posibilitaría la sustitución temprana de mandatarios que han perdido apoyo parlamentario o que se han vuelto inexorablemente impopulares. Esto último no es una ventaja menor: haciendo que gobiernos en crisis fueran reemplazados o tuvieran que convocar elecciones anticipadas en vez de perseverar en su decadencia, no podemos descartar que un régimen parlamentario, a lo largo de nuestra historia, hubiera podido ahorrarnos algún que otro golpe militar. Pero no es preciso alejarnos demasiado en el tiempo: en el pasado más reciente, por ejemplo, habría permitido que el tambaleante gobierno de la Alianza fuera sustituido con prolijidad institucional y sin tener que esperar hasta el borde del abismo. Por no hablar de la actualidad: si viviéramos bajo una democracia parlamentaria y la oposición consensuara un candidato alternativo, difícilmente podrían prolongarse los abusos de un kirchnerismo cada vez más aislado y desacreditado.

Las otras ventajas de una reforma al presidencialismo no parecen tan seguras. Con un sistema de partidos fragmentado e institucionalmente endeble, y con el oportunismo faccioso que impera entre nuestros políticos, los gobiernos resultantes de coaliciones parlamentarias se volverían excesivamente inestables. Es cierto que esta reforma podría acompañarse de modificaciones al sistema electoral y establecer, además, un marco de incentivos para corregir la fragilidad y el faccionalismo que aquejan a nuestras agrupaciones partidarias. Pero esto no conduciría necesariamente a un régimen menos cesarista y más deliberativo. En la actualidad, las democracias parlamentarias más estables suelen contar con sistemas electorales que arrojan mayorías firmes o facilitan, al menos, pactos de gobierno entre pocos partidos que están, por otra parte, servilmente disciplinados detrás de sus líderes. Como consecuencia, la aritmética parlamentaria no tiende a verse afectada por debate alguno y el legislativo acaba muchas veces convertido en una suerte de escribanía donde se formalizan proyectos decididos en cúpulas partidarias y elaborados en esferas técnico-burocráticas del ejecutivo.

A pesar de que los nombres puedan indicar lo contrario, ni el ejecutivo es invariablemente más fuerte en un sistema presidencial, ni el legislativo tiene siempre mayor protagonismo en un sistema parlamentario. El modelo presidencial por antonomasia es el estadounidense. Son pocas, sin embargo, las democracias en las que el ejecutivo debe permanecer tan atento y supeditado a los humores del legislativo. Como ocurre ahora mismo en la Argentina, lo más común es que el presidente norteamericano carezca de una mayoría cómoda y deba librar batallas épicas para sacar adelante sus proyectos. El Congreso estadounidense acostumbra a incurrir en un obstruccionismo paralizante y las decisiones colectivas, cuando llegan, se terminan articulando con negociaciones y componendas que desmienten los cándidos ideales de la democracia deliberativa. Pero el sistema cumple a su modo con la finalidad principal para la que fue diseñado: establece contrapesos que limitan la concentración de poder en una sola instancia.

Si el mismísimo presidente de los Estados Unidos se ve obligado a compartir el poder y a dar marcha atrás en repetidas ocasiones frente al Congreso, ¿por qué Cristina no puede? Nuestro sistema está inspirado fundamentalmente en el de ellos. Y a nuestra presidente le viene bien que así sea: si tuviéramos un sistema parlamentario puro, la oposición supuestamente “destituyente” a la que se enfrenta podría, efectivamente, destituirla; si tuviéramos un sistema mixto, podría depositar el poder real en un primer ministro opositor y relegarla a un rol protocolar; pero como estamos en un sistema presidencial, su ejercicio del poder es absolutamente legítimo hasta que finalice el período establecido para su mandato. La composición del legislativo, no obstante, es un muestrario igualmente legítimo de la voluntad popular –si no más, porque refleja las opciones de la ciudadanía en toda su pluralidad y amplitud. Tras unas elecciones de medio término se la puede considerar, incluso, como una expresión más actualizada de esta voluntad que debería ser tenida particularmente en cuenta por el ejecutivo. Que este, por lo tanto, haya aprovechado el larguísimo interregno entre las elecciones y la jura de los nuevos representantes para campar a sus anchas con frenética virulencia, y que cuestione ahora las saludables exigencias de un legislativo independiente y busque puentearlo con artilugios obscenos, no es una actitud democrática ni acorde al espíritu constitucional de un régimen presidencial. Como tampoco es de recibo que haga lo propio con la Justicia. En este caso, el tercero de los poderes se ha dignado a cumplir una bienvenida función arbitral. Aunque sea una constante argentina, el Gobierno ya no puede hacer goles con la mano. Tiene que observar las reglas del sistema y aceptar que el poder también reside en el Congreso.

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