¿Un atenuante en el juicio contra Garzón?

por Carlos Starmanns

Crítica, 19/04/2010 (*)

* Versión completa del artículo publicado bajo el título “Un extemporáneo simulacro de justicia”. Fue escrito junto con Ana Morell, doctora en Derecho internacional público y autora del libro “¿Justicia Penal Internacional?”

El emblemático magistrado español enfrenta la apertura de un juicio oral que acarrearía su inmediata suspensión –y que, de saldarse en su contra, podría llegar a inhabilitarlo. De las tres querellas impulsadas por sus enemigos políticos en los últimos tiempos, lo ha llevado a este extremo la interpuesta por presunta prevaricación (es decir, por abusar de su autoridad para violar deliberadamente la ley) en su intento de investigar los crímenes del franquismo. Para sus detractores, que han encontrado eco en el Tribunal Supremo español, estos crímenes se verían amparados por la Ley de Amnistía que se aprobó durante la Transición –con el principal objetivo, paradójicamente, de proteger a los oponentes del régimen y no a sus herederos, que se pensaban sobradamente cubiertos con las leyes de la dictadura y ni siquiera la votaron a favor. Se trata de una ley que el Comité Asesor del Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estima incompatible con los tratados internacionales suscriptos por el propio Estado español, al que ha recomendado que la derogue. Para echar más leña al fuego, una de las partes querellantes es ni más ni menos que Falange Española, que incomodaba al propio Caudillo por su radicalidad fascista y que no atraviesa dificultades legales pese a la tensión manifiesta de sus principios fundacionales con las reglas de la democracia. Por no mencionar su trayectoria histórica, que puede vincularse con una proporción abrumadora de los crímenes franquistas y que no la exime, increíblemente, de motivar su querella en el daño que las imputaciones de Garzón habrían ocasionado “al honor de nuestro movimiento y sus miembros”. Esta situación esperpéntica (alimentada, de paso, por desprolijidades que Garzón, más caracterizado por el voluntarismo que por la sofisticación de sus estrategias judiciales, habría podido ahorrarse) demuestra que la gran contradicción de su carrera como juez tenía, después de todo, algún asidero.

Siempre (o, mejor dicho, hasta ahora) nos causó perplejidad que Garzón se pavoneara ante la opinión pública internacional asediando a represores sudamericanos desde un sistema judicial que, en décadas de democracia, no había movido un dedo para abordar los inagotables crímenes de lesa humanidad ocurridos históricamente bajo su jurisdicción. Es cierto que el propio Garzón por fin tomó esta iniciativa en 2008. Fue un 16 de octubre. Casualmente, el mismo día en que cursó la orden de detención con la que puso bajo cerco a Pinochet en Londres. Pero con diez años de diferencia. Digamos que el juez más globalizado de los Derechos Humanos se tomó su tiempo para ver la viga en el ojo propio –necesitó, en rigor, doce años, puesto que venía investigando crímenes de la Guerra Sucia argentina desde 1996. Tuvimos la oportunidad de plantearle esta contradicción cuando visitó la Universidad de Stanford –allá por febrero de 2001. En aquella ocasión, además de comentarnos que implicaría un desafío inabarcable para la arqueología forense, Garzón argumentó que los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco no podían ser juzgados, básicamente, porque las convenciones aplicables eran posteriores.

¿Estábamos ante una respuesta oportunista? Cualquiera con un mínimo barniz en la materia sabe que los crímenes internacionales que podía imputar se consideran imprescriptibles. Por otra parte, si bien los principales instrumentos aplicables son posteriores a la contienda española, ya que empezaron a elaborarse tras la Segunda Guerra Mundial, siguiendo la línea adoptada por Garzón tampoco se habría podido juzgar a los dirigentes del nazismo en Nürenberg –que fueron condenados, en su mayoría, por delitos que no estaban tipificados al momento de perpetrarse. La justificación para esta aplicación retroactiva apunta a que estos crímenes ya eran flagrantemente delictivos a la luz de los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Como era previsible, la defensa de los nazis criticó la tipificación y la aplicación ex post facto de la ley penal. Pero nos resultó curioso que Garzón, tan expansivo en su interpretación sobre los criterios atributivos de su jurisdicción si se trataba de crímenes cometidos en el Cono Sur, siguiera una orientación doctrinal tan restrictiva si se trataba de crímenes cometidos en España.

Se lo hicimos saber y se desveló, con gran amabilidad, por convencernos de su postura. No lo consiguió, pero debemos reconocer que parecía convencido de lo que decía. Al punto de que mientras tenía a Pinochet retenido en Londres había desestimado, como nos explicó, una querella por fusilamientos masivos practicados en la retaguardia republicana sosteniendo, precisamente, que “los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los hechos que se relatan en el escrito y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad.”

Hace apenas un año y medio, sin embargo, Garzón experimentó una radical conversión doctrinal. Al menos en relación con los crímenes del franquismo, a los que calificó de lesa humanidad por considerar que obedecieron a un plan sistemático de exterminio. Las atrocidades cometidas por la extrema izquierda del bando republicano contra religiosos y oponentes ideológicos, en cambio, siguen sin despertar su interés judicial. Como difícilmente podría fundamentar que adolecen de la sistematicidad o escala requeridas para los crímenes de lesa humanidad, su pretexto actual para justificar este renovado desdén es que “los vencedores impusieron su derecho a los vencidos.” Por esta vía, las víctimas de estos delitos habrían sido localizadas e identificadas y sus presuntos responsables, ejecutados sin juicio previo o después de procedimientos sumarios. ¿Pero es admisible escudarse en esta justicia vengativa y despótica? Incluso aunque los vencedores no hubieran dejado impune un solo atropello del enemigo (hipótesis más que debatible, como sugieren las razones de tipicidad y retroactividad que él mismo empleó en 1998 para no investigar responsabilidades por estos fusilamientos), cabe preguntarse si las víctimas y los supuestos culpables de estos hechos no merecen, de examinarse judicialmente el pasado, que lo sucedido también se esclarezca con las garantías de un Estado de Derecho.

Por más que en nuestro intercambio de 2001 Garzón se refiriera a la imposibilidad de aceptar la querella por los fusilamientos republicanos para ilustrarnos sobre las limitaciones técnico-legales que le impedían involucrarse, a su vez, con los crímenes del bando nacional, todo indica que sus lealtades ideológicas habrían puesto un límite a esta conversión doctrinal, llevándolo a resolver su vieja contradicción al precio de incurrir en una nueva. Aun así, Garzón critica la escasa coherencia de quienes esgrimen que ha prevaricado por saltarse la Ley de Amnistía al instruir la causa contra el franquismo y le reprochan, paralelamente, que no hiciera lo mismo con la mencionada querella. No percibe que esta incongruencia en la que caen algunos de sus críticos pone al descubierto su propia arbitrariedad. Tampoco advierte que, evitándola, podría haber desarmado en cierta forma a los enemigos políticos que han detonado este juicio. Y lo que es más grave: ni siquiera repara en el problema de fondo evidenciado por este tipo de críticas. El Derecho internacional penal del que pretende ser estandarte no se legitima ni se consolida aplicándolo de manera selectiva.

En este contexto de agravios comparativos no puede descartarse que Garzón dejara pasar semejante cantidad de tiempo haciendo la vista gorda ante los crímenes del franquismo y exportando justicia a las ex colonias porque no se le ocurrió esta débil excusa sobre la cosa juzgada por los vencedores, o porque temía abrir la caja de Pandora y terminar lanzando un boomerang contra un líder histórico de la izquierda española. Sin ir más lejos, en 1998 el presunto responsable de aquellos fusilamientos estaba lúcido y activo. Se hallaba, indiscutiblemente, en mejores condiciones para trajinar por los juzgados que un decrépito Pinochet. Aunque lo mismo podría decirse, con probabilidad, de algún victimario franquista tan precoz como longevo. En 2008, obviamente, el que no hubiera muerto se encontraba suficientemente viejo y amnésico como para esquivar el banquillo de los acusados por razones humanitarias. ¿Será por eso que Garzón demoró tanto? El lugar común es que las condiciones políticas no estaban dadas. Esto es indudable. Pero se debe, en buena medida, a que los progresistas españoles (combativos en causas lejanas, como toda la izquierda del mundo desarrollado, para compensar las actitudes claudicantes que predominan por casa) prefirieron escandalizarse con represores ajenos y permitir que los verdugos de sus padres o abuelos murieran en la más cómoda impunidad. Además, si Garzón se saltaba a la torera las condiciones políticas, dadas o no, que regían en países que desconoce, como Chile o la Argentina, ¿por qué no podía desconocer igualmente las condiciones políticas que obstaculizaban a la justicia en España?

En todo caso, a treinta años de la Transición o setenta de la Guerra Civil, y habiendo perdido más de una década en la que seguramente no fuimos los primeros ni los únicos que le inquirieron por el correlato doméstico de su activismo universal, la sesgada iniciativa que tuvo Garzón en 2008, brindando al sol con una lista de imputados franquistas largamente fallecidos, nos pareció un extemporáneo simulacro de justicia y una notoria sobreactuación. Especialmente cuando el objetivo más realista que podía conseguir, después de que el tiempo se hubiera llevado huellas y testigos, era que los restos humanos de las fosas se identificaran y recibieran digna sepultura –algo que ya era fomentado, al igual que la investigación del pasado, por la Ley de Memoria Histórica aprobada un año antes.

A pesar de esto, los riesgos que asumía Garzón ese otro 16 de octubre no eran tan gratuitos como pensábamos nosotros –y, quizás, también él. No creemos que le sirva de consuelo ni deseamos que le ocurra, pero si acabara inhabilitado como magistrado a consecuencia de este juicio inesperado encontrará un atenuante, por lo menos, en ese otro juicio que hará la historia sobre esta ostensible contradicción de su trayectoria. No era tan fácil, al fin y al cabo, predicar con el ejemplo en su propio país.

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