El progresismo y la autonomía del Banco Central

por Carlos Starmanns

Perfil, 29/05/2010 (*)

* Versión completa del artículo.

La oposición de centroizquierda coincide con el Gobierno en menospreciar las exigencias de autonomía establecidas por la Carta Orgánica del Banco Central como una herencia ideológicamente perversa de los noventa que impediría a la entidad “coordinarse” con los imperativos productivistas del actual modelo económico. Es absolutamente cierto que una política monetaria equilibrada debe velar no sólo por el control inflación, sino también por la promoción del crecimiento y el empleo –objetivos que podrían resentirse con un exagerado celo anti-inflacionario. Pero a estas alturas ningún heterodoxo sensato puede sostener que una gestión inflacionaria como la que venimos padeciendo resulta necesaria (y no termina volviéndose contraproducente) para promover estos objetivos complementarios –por no mencionar sus crueles efectos distributivos. De igual manera, ningún ortodoxo en su sano juicio puede sostener que una entidad monetaria autónoma debe comportarse con riguroso autismo frente ante los padecimientos macroeconómicos y sociales de un país. El estricto régimen de la convertibilidad, en este sentido, puede ser tomado como un ejemplo de autismo pero no de autonomía, ya que las exigencias de la paridad cambiaria encorsetaban entonces cualquier atisbo de autonomía efectiva por parte del banco.

Interpretado sin animosidad tercermundista, el argumento que ha servido para dar independencia a los bancos centrales en los países desarrollados no tiene por qué ahuyentar al progresismo argentino. Resumido rudimentariamente vendría a decir lo siguiente: aunque una política monetaria expansiva pueda (y deba) evitar una recesión o al menos suavizarla y acortarla, aplicada en una coyuntura que técnicamente no la justifica termina pagándose con brotes inflacionarios que entrañan un fuerte costo económico y social. Pero tratándose de un costo que no viene de inmediato, los gobiernos suelen verse tentados a incurrir en expansiones monetarias oportunistas para llegar cómodos a las elecciones o simplemente para financiar excesos de gasto público. De ahí que resulte prudente delegar la conducción de la política monetaria en bancos centrales independientes de las presiones electorales cortoplacistas que enfrenta el Ejecutivo y que además, al no tener a cargo la política fiscal en la división de poderes resultante, carecen de incentivos para financiar objetivos o niveles de gasto irresponsables.

Este efecto fiscalmente restrictivo no suena muy progresista. Pero en realidad no hay mecanismo más regresivo que financiar el gasto público acudiendo al impuesto inflacionario –que golpea desproporcionadamente a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Lo progresista, en cualquier rincón del mundo y también en la Argentina, es financiar el gasto público con un sistema impositivo equitativo y eficaz –y procurar, de paso, que este gasto sea lo más eficiente y transparente, de tal forma que se pierda poco por el camino y llegue lo máximo posible adonde verdaderamente se necesita. Los Kirchner, lamentablemente, no se han preocupado en lo más mínimo por realizar este esfuerzo modernizador en su administración fiscal. Quizá se habrían visto forzados a ello de no haber podido contar con la complicidad de un Banco Central despreocupado por la misión de autonomía y control inflacionario que le impone su Carta Orgánica.

Más allá del ajuste inicial de precios relativos, el modelo duhaldista de “peso competitivo” (que también podríamos llamar de “salarios reales bajos”) no trajo inflación mientras la economía argentina retuvo capacidad ociosa y altos niveles de desempleo. Pero a medida que la oferta se acercaba a su techo y la reducción del desempleo devolvía a los trabajadores armas de negociación para recomponer sus salarios y su poder de consumo, la única forma de mantener subvaluado el tipo de cambio sin generar tensiones inflacionarias habría sido una política fiscal firmemente restrictiva.

A pesar de no operar con este presupuesto, la servicial gestión de Martín Redrado se volcó a una compra sistemática de dólares para dar continuidad al modelo cambiario y no moderó suficientemente el sesgo expansivo de esta intervención hasta que la inflación alcanzó sus niveles más elevados. Demasiado tarde como para evitar la restricción monetaria abrupta detonada por la desconfianza en el peso, que obligó a los bancos a ofrecer tasas de interés exageradas para frenar la sangría hacia el dólar. Este desenlace contraproducente no consiguió, de todas formas, desactivar la presión inflacionaria: debido a la exigua participación del crédito en nuestra economía, la herramienta de mayor impacto que tiene el Banco Central para contener expectativas de inflación es la política cambiaria. Pero Redrado y el Gobierno siguieron empleándola al revés: con la confianza en el peso erosionada por la inflación, permitieron que este se deslizara por una gradual pero constante pendiente devaluatoria que reforzó las expectativas inflacionarias ya desatadas. Era más importante mantener “competitivo” el tipo de cambio y procurar, así, que los salarios de los argentinos no se despegaran del piso. Esta dinámica devaluatoria, ciertamente, posibilitó que el banco siguiera acumulando reservas hasta 2008 y que consiguiera, desde ese momento, retener los niveles obtenidos pese a la fuga episódica de capitales. La acumulación de reservas, sin embargo, tiene su contracara en los salarios erosionados por la inflación y la devaluación del peso. Curiosa paradoja, ya que los activos de la institución deberían servir para respaldar el valor de la moneda y proteger el poder adquisitivo de los argentinos.

Pero hay argentinos que sí han visto potenciado su poder adquisitivo por esta “coordinación” de la entidad monetaria con las necesidades del modelo. Siempre que la inflación vaya acompañada de ajustes devaluatorios, se antoja improbable que los sectores exportadores, que venden a precios internacionales y pagan sueldos argentinos, se desvelen por la escasa independencia del Banco Central. Y menos aquellos otros sectores que siguen sin fortalecerse y volverse competitivos a pesar del subsidio proteccionista que durante ocho años les ha brindado el tipo de cambio. Es sintomático que estos sectores, al igual que los opositores y los medios que suelen responder a sus intereses, apenas se hayan preocupado a lo largo de estos años por denunciar la metódica injerencia del Ejecutivo en la gestión del Banco Central. O que en los últimos meses tampoco hayan aprovechado la disputa desatada en torno a las reservas para promover una perspectiva más abarcadora sobre lo que debería implicar la autonomía del banco –con el agravante de que atravesamos, nuevamente, una coyuntura de recrudecimiento inflacionario. En estos momentos, de hecho, se muestran más preocupados por un discutible atraso cambiario que por el efecto indiscutible de la inflación sobre la canasta básica. No es la primera vez que lo hacen. Aunque se muestren retóricamente preocupados por la inflación, parecen haberse vuelto más devaluacionistas que el Gobierno.

Los empresarios preferirían, evidentemente, que los Kirchner adoptaran una política fiscal restrictiva para contrarrestar los efectos excesivamente expansivos (y, por lo tanto, inflacionarios) del actual modelo cambiario. Pero se conforman con la continuidad de una tendencia devaluatoria que ha mantenido los sueldos de los argentinos en niveles internacionalmente irrisorios –otorgándoles una tajada distributiva que se había tornado impensable en un país con sindicatos relativamente sólidos. Gracias a esta dinámica inflacionario-devaluatoria, y pese a la fuerte recuperación del empleo propiciada por el actual modelo, la participación de los asalariados en el producto nacional tardó cinco años en igualar y superar a la existente en la fase terminal de la convertibilidad. Y a esto hay que sumar la tasa espectacular a la que creció el producto durante el mismo período. Estamos, de manera incontrovertible, ante un modelo que distribuye la riqueza generada con el trabajo de los asalariados en una dirección particularmente regresiva.

Marcados por la experiencia de la convertibilidad, los sectores opositores de centroizquierda temen que una entidad monetaria independiente responda a intereses que históricamente han abaratado demasiado el dólar, afectando negativamente la creación de empleo y, por lo tanto, los intereses de los trabajadores. Pero teniendo en cuenta los efectos distributivos del actual modelo y la coalición de intereses que alimenta su impronta devaluacionista, podría tratarse de un temor descontextualizado y anacrónico. En la situación actual, nada sería más progresista que un Banco Central autónomo y comprometido a dar un mayor anclaje al valor del peso. 

Esto no sólo contribuiría a desactivar las actuales expectativas inflacionarias y a defender la capacidad de compra de los salarios. También generaría un marco de incentivos para que el Gobierno modere su nivel de gasto. Y no existen razones progresistas para evitar esto último: una proporción considerable del gasto kirchnerista se pierde en subsidios que benefician a sectores privilegiados –y cuya permanencia, para colmo, implica inflación postergada, restando credibilidad a cualquier compromiso anti-inflacionario que pueda expresar el Gobierno. Por otra parte, en la fase de crecimiento actual, una moderación del gasto público no reduciría necesariamente el nivel de actividad y podría tener, incluso, un efecto positivo sobre los sectores más vulnerables, ya que una porción del esfuerzo fiscal se está traduciendo en una mera escalada nominal que (para variar) terminan pagando, con un mayor impuesto inflacionario, los pobres y la clase media. Aquellos a los que la oposición progresista debería preocuparse de representar.

¿Lo hará? La alternativa es que se mantenga aferrada a sus prejuicios ideológicos en torno a la autonomía de la entidad monetaria. En ese caso le seguirá haciendo el juego a la derecha –y al Gobierno.

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